martes, 9 de diciembre de 2008

Editorial


Pena de Muerte
Editorial

El pasado martes 2 de diciembre, el Congreso de Coahuila aprobó por mayoría, con los votos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), una iniciativa de reformas presentada por el gobernador de la entidad, Humberto Moreira, para modificar los artículos 14 y 22 de la Constitución federal, para restaurar en el país la pena de muerte y que pueda ser aplicada en ese estado a los secuestradores que asesinen a sus víctimas.
El 3 de diciembre, los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, y de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, ambos del PRI, defendieron por separado el derecho de la legislatura coahuilense a presentar iniciativas sobre la pena capital. En contraste, el presidente del Senado, el panista Gustavo Madero, rechazó la posibilidad de que el Legislativo federal apruebe dicha propuesta.

Se puede hablar de la pena capital desde muchos ángulos. Sabemos que la vida es un derecho fundamental de cada ser humano existente; también podemos hablar de la libertad y la dignidad, que son otros derechos inalienables a éste, me preguntaría: ¿existe la posibilidad de coartar estos derechos?, el bien común podría tomarse como un buen motivo para que la libertad y la dignidad sean coartados.
¿Un hombre puede perder su condición de hombre por sus actos? La dignidad de ser humano se puede perder según como se actúe, es decir, si tus actos atentan o van en contra de lo que es natural y esencial a lo que es un ser humano. Cuando tus acciones atentan contra la vida de otro ser humano, estás yendo en contra de lo que naturalmente es derecho de cada uno de nosotros, por ésta acción barbárica se valdría decir que ese asesino ha negado su condición de humano, y al atropellar los derechos de sus semejantes entonces nosotros podríamos tener la misma libertad y el mismo derecho de violar sus derechos.
A este respecto podríamos decir que al igual que el asesino, que por voluntad propia ha perdido su condición de humano por el hecho de atropellar un derecho fundamental de todos, nosotros al poner un castigo de ésta magnitud quedamos en la misma condición. Pero, también debemos tomar en cuenta que debemos ver por el bien común, y si hemos llegado a considerar siquiera éste punto, quiere decir que hemos llegado a la suficiente desesperación y que la solución que se encuentra es acabar con éstas personas indignas de llamarse seres humanos, quienes todos los días atentan contra nuestro bienestar. Si lo vemos desde éste punto, estas personas han dejado de serlo en el momento de atentar contra un derecho inalienable de todos, por lo cual nosotros tenemos el derecho de erradicar a estas bestias por cualquier medio que tengamos, el mejor o el peor, no lo sabemos, pero por lo menos es una solución.
Ahora bien, hay que tomar en cuenta la falibilidad de los aparatos de justicia particularmente grave en el caso de México, donde persiste una corrupción inocultable y la práctica atroz de “fabricación de culpables”, la aplicación de la pena de muerte, conllevaría el riesgo de cometer asesinatos contra inocentes. Es importante la severidad de la sanción, pero es más importante la certeza de que se aplicará y esto último es sumamente improbable en un país caracterizado por la impunidad, donde se sanciona un porcentaje mínimo de los crímenes cometidos. Y también es cierto que la pena capital no ataca de fondo las causas estructurales, sociales, económicas e institucionales de la delincuencia. Es un grito desesperado por erradicar el virus, pero no se acabará si la raíz del problema sigue creciendo.
Hay que luchar contra la corrupción para evitar las mafias, las autoridad deben estar capacitadas y ser competentes para luchar contra éste conflicto y que la pena de muerte quede como una situación extraordinaria. Se debe procurar impartir una educación de calidad a todos los sectores de la población y la creación de empleos, éstos dos son puntos claves para acabar con problemas tan agravados y agobiantes. México tiene el derecho de crear sus propias legislaciones, las cuales funcionen para la situación concreta de nuestro país, sin pensar en las opiniones internacionales, sino sólo en el bienestar de su pueblo. Podemos pensar en soluciones desesperadas, pero de nada van a servir si la raíz sigue contaminada.

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